La Consejería de Familia e Igualdad ha comenzado a trabajar en este mes de febrero, la elaboración de una nueva Ley de Servicios Sociales que fijará el reparto de competencias entre Comunidad Autónoma y ayuntamientos con el objetivo de acabar con la actual indefinición. Además, el texto incorporará los cambios introducidos desde la creación del sistema de la Dependencia.
El primer paso para la elaboración de la nueva ley serán unas jornadas que se celebrarán en febrero. En ellas participarán representantes de todos los sectores implicados. Organizaciones sociales, federaciones de la discapacidad, sindicatos y ayuntamientos han colaborado ya en la confección de las Líneas Estratégicas de Acción Social 2016-2020.
El documento servirá «para planificar los recursos disponibles, unificar los sistema de información entre los técnicos que trabajan la asistencia social, definir un modelo de financiación estable y actualizar las normativas», explicó Violante Tomás (Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades).
La financiación es una de las asignaturas pendientes de los servicios sociales. Por ello, se plantea como objetivo «desarrollar un modelo de financiación que garantice la calidad de los servicios y la estabilidad y sostenibilidad del sistema». Se buscan fórmulas para que los conciertos de servicios sociales con los municipios puedan contar con financiación plurianual, que blinde la continuidad de programas a medio y largo plazo, explica Verónica López, directora general de Familia y Políticas Sociales.
Isabel Mª Ortín García
Departamento Servicios Socioculturales y a la Comunidad